La disputa territorial entre San Juan y La Rioja volvió a escalar en los últimos días tras una decisión legislativa riojana que busca revisar los límites interprovinciales y que ya generó una fuerte reacción del gobierno sanjuanino. Detrás del reclamo aparecen intereses estratégicos vinculados al turismo internacional y a proyectos mineros multimillonarios.
La Cámara de Diputados de La Rioja aprobó un proyecto de ley que declara la nulidad de la Ley Nacional N.º 18.004, sancionada en 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, normativa que definió la delimitación territorial actualmente vigente y que, según la provincia vecina, favoreció a San Juan.
Desde La Rioja sostienen que aquella definición se realizó de manera unilateral, sin intervención del Congreso de la Nación y en perjuicio de su territorio.
Como parte de la nueva legislación, se dispuso la creación de una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, además de instruir a la Fiscalía de Estado riojana para que avance con acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El objetivo inmediato será solicitar medidas cautelares que frenen actividades económicas y la explotación de recursos dentro de las áreas en disputa hasta que exista una resolución definitiva sobre el conflicto.
La respuesta de San Juan no tardó en llegar. El Poder Ejecutivo provincial rechazó la validez de la ley aprobada por La Rioja y remarcó que los límites geográficos se encuentran legalmente consolidados.
Además, las autoridades sanjuaninas señalaron que ninguna provincia puede modificar fronteras de manera unilateral mediante una ley local, ya que cualquier alteración territorial requiere intervención y aprobación del Congreso Nacional, conforme establece la Constitución.
En ese marco, el gobierno convocó a distintos sectores políticos provinciales para coordinar una estrategia jurídica común y adelantó que responderá formalmente en las instancias correspondientes para sostener el control sobre las áreas cuestionadas.
La zona bajo disputa se extiende desde el Cerro El Potro hasta la región del Valle de la Luna, un corredor considerado estratégico por su alto valor económico.
Por un lado, el reclamo alcanza sectores cercanos al Parque Provincial Ischigualasto, administrado por San Juan y reconocido como Patrimonio de la Humanidad, con fuerte presencia del turismo internacional.
Por otro, la controversia también involucra áreas vinculadas a los yacimientos mineros de Gualcamayo y al Proyecto Vicuña, emprendimientos orientados a la explotación de cobre y oro que representan inversiones de gran escala para la economía sanjuanina.
Al tratarse de un conflicto entre dos provincias, la definición final dependerá de eventuales acuerdos políticos en el Congreso o, en última instancia, del fallo que emita la Corte Suprema de Justicia de la Nación.