Un exintendente y la dueña de un prostíbulo fueron condenados a cinco años de prisión por el delito de trata de personas por el Tribunal Oral de Santa Rosa.
La pena recayó sobre el ex intendente y actual concejal de Colonia 25 de Mayo, David Bravo, y sobre la dueña del prostíbulo que funcionaba con los nombres "Venus" y "Karibian", Nurys Caraballo Castillo.
Mientras que a Caraballo Castillo la encontraron autora, a Bravo lo condenaron como partícipe necesario del delito de trata de personas cometido en perjuicio de más de tres víctimas en la modalidad de acogimiento de mujeres mayores a 18 años mediando abusos de su situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, mediante el facilitamiento y obtención de provecho económico de su comercio sexual.
Por otra parte, el Tribunal resolvió la absolución del ex comisario Miguel Ángel Oyarce, quien estaba acusado por el delito de encubrimiento agravado.
De acuerdo al Ministerio Público Fiscal de la Nación, las actividades juzgadas sucedieron entre el 16 de diciembre de 2011 y el 6 de octubre de 2012, en la localidad pampeana de Colonia de 25 de Mayo.
Los magistrados declararon prescripto el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público respecto a Bravo, por lo que no le fue aplicada la pena de inhabilitación por tres años para el ejercicio de cargos públicos que había solicitado la fiscal a cargo de la causa.
La investigación comenzó el 13 de diciembre de 2011, a partir de una denuncia realizada en la Delegación La Pampa de la Dirección Nacional de Migraciones, cuando una joven de origen dominicano que se comunicó telefónicamente para asegurar que se había fugado de un cabaret ubicado en la ciudad pampeana de Colonia 25 de Mayo.
La mujer denunció maltratos y amenazas por parte de los dueños del prostíbulo, además de afirmar que había otras mujeres en la misma situación y que una de ellas se encontraba embarazada.
Tal como indicó el empleado que recibió la denuncia, la mujer explicó que no había avisado a la Policía "porque sabían todo" y que, cuando iba el jefe de la municipalidad al cabaret, "le daban mil pesos y él firmaba".
Como consecuencia de las tareas investigativas, el 16 de diciembre de 2011 se allanó el local nocturno donde se encontró a diez mujeres: nueve de nacionalidad dominicana y una argentina. Asimismo, se constató que en el interior del espacio donde funcionaba el cabaret había habitaciones y varias camas, donde vivían las mujeres y se realizaban los "pases".
La mujer identificada como la encargada del local presentó la habilitación municipal correspondiente, que llevaba la firma del intendente Bravo, bajo el rubro de "cabaret", y el documento establecía como propietaria del lugar a Nurys Caraballo Castillo.
No obstante, una ordenanza municipal con fecha del 3 de septiembre de 2010 y con la firma del intendente Bravo, prohibía "la habilitación de cabarets, whisquerías, clubes nocturnos y night clubs" en Colonia 25 de Mayo debido a que "han encubierto el delito de trata de personas, violando la Ley de Profilaxis, que prohíbe los prostíbulos en todo el país".
El 2 de febrero de 2012, Bravo, Caraballo Castillo y la encargada del local fueron llamados a indagatoria, pero por conflicto de competencia se demoró el avance de la causa y el 4 de junio del mismo año la Fiscalía Federal de Santa Rosa resolvió la intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), y los sospechados fueron convocados a declaración indagatoria el 11 de octubre de 2013.
En agosto de 2014, Bravo fue imputado por haber permitido el funcionamiento del prostíbulo investigado a pesar de existir una ordenanza y en noviembre de 2020, la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Santa Rosa requirió la elevación a juicio de la causa.