El asalto del domingo de múltiples manifestantes seguidores de Bolsonaro forzó que el gobierno actual toma contra medidas. Específicamente, anunciaron la intervención federal en la seguridad en el Distrito Federal hasta el 31 de marzo. Esto resultó en una retoma de control de los edificios y desalojo de sus manifestantes, pero con más de 400 detenidos, ya que el operativo incluyo el uso de gases lacrimógenos y enfrentamientos.
Además, el magistrado, Alexandre de Moraes, ordenó desmantelar todos los campamentos bolsonaristas que se encontraban alojados en un plazo de 24 horas. Moraes recalcó: “Nada justifica la existencia de campamentos de terroristas financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva y sin respeto alguno hacia la constitución”.
Por otro lado, fue debido a los eventos del domingo que un juez de la Corte Suprema de Brasil suspendió de su cargo al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días. El juez denunció: “la escalada violenta solo podía ocurrir con la anuencia y hasta la participación activa de las autoridades competentes por las seguridad pública afectiva.
Esto sin mencionar las respuestas de las autoridades brasileras. Lula afirmó que “serán castigados” los “vándalos” que tomaron los edificios, además de criticar a Bolsonaro, porque, según él, “escapó” para no darle la banda presidencial, sin mencionar que lo responsabilizó por los ataques de los manifestantes.
Aun así, incluso el expresidente se vio disgustado con los eventos. A través de Twitter, Bolsonaro expresó: “Las manifestaciones pacíficas, en forma de ley, son parte de la democracia. Sin embargo, las depredaciones e invasiones de edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla”.